Ante el retraso de más de 1,450 trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República, la Universidad de Panamá (UP) anunció la suspensión de la confección de diplomas y de los actos de graduación, medida que refleja la gravedad de la crisis operativa que enfrenta la institución.
La falta de refrendos ha provocado una escasez de materiales esenciales, pero también ha generado consecuencias mucho más profundas. Las autoridades universitarias denunciaron que las demoras están afectando áreas fundamentales del funcionamiento académico, logístico y presupuestario, comprometiendo la continuidad de los servicios educativos.
Desde el pasado 7 de mayo, cuando la Contraloría trasladó la Oficina de Fiscalización que atendía a la universidad hacia la Coordinación Regional en Plaza Edison, se han acumulado 700 trámites en esa instancia y otros 750 en la sede central, paralizando múltiples procesos administrativos.
Aunque la cancelación de las ceremonias y la entrega de diplomas es el golpe más visible para los estudiantes, la universidad también reporta retrasos en proyectos académicos, compromisos internacionales, y afectaciones directas a los Centros Regionales Universitarios, incluyendo los programas en comarcas indígenas y centros penitenciarios.
Además, se han limitado las giras académicas, la adquisición de equipos de laboratorio, y la compra de insumos básicos necesarios para la docencia y la investigación.
Los servicios esenciales también están en jaque
Entre los servicios más comprometidos se encuentran:
El suministro de alimentos para los niños del Centro de Atención Integral de la Primera Infancia.
La compra de medicamentos, reactivos e insumos para el Hospital Veterinario.
El funcionamiento del Instituto Especializado de Análisis, encargado de evaluar productos que ingresan al país.
El pago de servicios básicos como agua, electricidad y combustible.
Las actividades agrícolas, como la siembra y cosecha de arroz.
La universidad exige acción inmediata
Frente a este escenario, la Universidad de Panamá hace un llamado urgente al contralor general, Anel Flores, con tres peticiones clave:
Reinstalar una Oficina de Control Fiscal dentro del campus universitario.
Elevar el monto mínimo de refrendo a B/. 50,000, tal como se había establecido anteriormente.
Agilizar los trámites pendientes que actualmente impiden ejecutar el presupuesto y mantener en funcionamiento la institución.
Según la universidad, el nivel de refrendo actual es insostenible, especialmente considerando que los fondos están destinados a obras, infraestructura, investigación y programas educativos en todo el país.
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