El corregimiento de Pacora está en el centro de un escándalo que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos.
El representante de corregimiento y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Hugo Henríquez Velásquez, fue imputado por la presunta comisión del delito de peculado dentro de una investigación que involucra supuestas irregularidades en el uso de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).
La medida no vino sola. Durante la audiencia realizada este 12 de agosto en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el juez de garantías ordenó que Henríquez deba notificarse dos veces por semana —los miércoles y viernes—, además de prohibirle salir del país.
En la misma audiencia, la tesorera de la Junta Comunal de Pacora, Nuris Zárate, también fue imputada por peculado y quedó bajo las mismas restricciones.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Henríquez habría manejado de forma irregular $194 mil provenientes de la descentralización, fondos que debían destinarse a proyectos y obras de interés social en Pacora.
La fiscalía asegura que existen riesgos de que los imputados interfieran con las pruebas o se ausenten del proceso, por lo que solicitó medidas más severas. Sin embargo, el juez optó por las restricciones actuales, decisión que ya fue apelada.
La audiencia de apelación se programó para el 25 de agosto, cuando el Tribunal Superior de Apelaciones evaluará si se endurecen las medidas.
Este caso forma parte de una investigación mucho más amplia que mantiene a la Fiscalía Anticorrupción trabajando contra reloj.
Según las autoridades, unos 70 representantes de corregimiento estarían bajo la lupa por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del PDIS, detectadas tras una auditoría de la Contraloría General de la República.
Hasta el momento, al menos 10 exrepresentantes y extesoreros ya han sido imputados en este proceso.
Henríquez Velásquez se entregó voluntariamente a la fiscalía el pasado lunes, luego de enterarse que era requerido en la investigación.
Su abogado, Víctor Almengor, sostiene que el manejo de los fondos cuenta con respaldo documental y que su cliente demostrará su inocencia en el proceso.
Mientras tanto, en Pacora y en otros corregimientos señalados, la población sigue atenta.
Los $194 mil que debían transformarse en mejoras comunitarias hoy son el eje de un caso que no solo salpica a una junta comunal, sino que forma parte de un entramado mayor que podría destapar más irregularidades en la administración de fondos públicos.
