Porfirio Villalobos Ábrego, representante del corregimiento de Boca Chica en Chiriquí, no pudo escaparse del brazo largo de la justicia. Su intento de canjear su condena por unos cuantos días multa fracasó, y terminó con él cruzando la puerta del penal de Llanos de Icaco… pero sin regreso.
El político de 59 años llegó al tribunal con la esperanza de “negociar” su pena. Quería convertir los cuatro años de prisión que le habían impuesto en junio por usurpación de tierras en una especie de castigo pagadero, como si se tratara de una simple multa de tránsito. Pero la jueza de Cumplimiento, Mary Polanco, no se tragó el cuento y ordenó su inmediata detención.
Villalobos fue hallado culpable de meterse sin permiso a una finca privada en Boca Chica el 8 de marzo de 2021. La sentencia fue clara: cuatro años tras las rejas y dos años más sin poder ejercer ningún cargo público. Y por si fuera poco, el proceso judicial fue sólido: más de 35 pruebas, testimonios, peritajes y documentos respaldaron la decisión unánime del Tribunal de Juicio de David.
En la audiencia del jueves 10 de julio, la defensa de Villalobos —encabezada por el abogado Emerardo Miranda— no presentó los papeles que justificaran el cambio de pena. Sin armas legales, la jueza declaró improcedente la solicitud y ordenó ejecutar la sentencia de una vez. Es decir, ¡ni chance de empacar ropa!
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Jackeline Casas, quien sostuvo la validez del fallo. Por otro lado, el abogado Freddy Beitia, en nombre del verdadero dueño de la finca, celebró que al fin se hiciera justicia. La decisión fue recibida con aplausos entre quienes llevan años denunciando abusos de poder disfrazados de política local.
Con esto, el mensaje es clarito: quien abuse de su posición y viole la ley, también puede dormir en una celda fría, así sea un representante de corregimiento. Ya no basta con llegar bien vestido al tribunal ni con tener buen verbo; si no hay papeles y hay delito, hay cárcel.
