La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), cuya sede central está en Buâbití o Llano Tugrí, en la comarca Ngäbe Buglé, volvió a estar en el centro de la polémica tras la comparecencia de su rector, Demetrio Santamaría, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
La sesión dejó al descubierto una serie de irregularidades que incluyen salarios elevados, estudiantes en caída, docentes sin contratos y una junta directiva que sigue en funciones a pesar de tener su periodo vencido desde noviembre de 2024.
Janine Prado, del partido Vamos, cuestionó los gastos de representación y los sueldos de los funcionarios. Según denunció, Santamaría percibe $6,000 de salario más $2,000 adicionales en concepto de representación, es decir, $8,000 al mes, mientras que la universidad apenas ha ejecutado un 3.2% de su presupuesto hasta septiembre de 2025.
La situación se agrava porque, a pesar de la falta de elecciones internas, los pagos a las autoridades continúan.
Para 2026, la UAPI solicitó más de $103,000 en gastos de representación para 11 funcionarios, incluidos el rector, vicerrectores y directores de escuela.
“Injustificable”, señaló Prado, frente a la caída de la matrícula, que pasó de 244 estudiantes en 2024 a apenas 123 en 2025.
La polémica recuerda al caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), donde la rectora Etelvina Medianero de Bonagas devengaba $14,000 mensuales y 219 empleados percibián sueldos superiores a $7,000. La situación en ambas universidades, conocida entre algunos internautas como “el Etelvino de las comarcas”, evidencia cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en universidades estatales y la falta de control sobre gastos administrativos. Otro punto crítico fue la autogestión de matrícula en la UAPI.
El rector explicó que cada estudiante paga 35 dólares, pero el Ministerio de Economía aclaró que no existe registro formal de estos ingresos, dejando un vacío en la rendición de cuentas.En cuanto a la oferta académica, actualmente se imparten dos licenciaturas: Educación Bilingüe e Intercultural y Endoturismo Histórico y Territorial.
Sin embargo, las cifras de distribución por semestre presentadas no coincidieron, generando más dudas sobre la planificación interna.Las elecciones internas, que debieron celebrarse en noviembre de 2024, siguen pendientes.
Santamaría atribuyó el retraso a que la mayoría de estudiantes y docentes no cumplió con los requisitos para participar y prometió la conformación de una comisión electoral en 2025, sin precisar fechas.
La diputada Prado también cuestionó la solicitud de aumento presupuestario de 2.8 a 4.1 millones de dólares para 2026, destinada a abrir dos nuevas licenciaturas en Educación para la Salud y Tecnología Agropecuaria.
Además, los $40,000 proyectados para seguros de vida y accidentes a empleados y docentes generaron más cuestionamientos, dado que actualmente solo los estudiantes cuentan con cobertura colectiva.
Al final, la comisión coincidió en la necesidad de intervención del Ministerio de Educación para garantizar elecciones, supervisión del presupuesto y transparencia en la gestión.
