Después de pasar 125 días tras las rejas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, los 238 migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos están por regresar a su país natal.

El vuelo, fue previsto para este viernes 18 de julio, pondrá fin a una de las historias más controversiales de política migratoria de los últimos años.

Todo comenzó en marzo, cuando el expresidente Donald Trump, en medio de su campaña electoral, firmó una orden ejecutiva amparada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1979.
Alegando vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, deportó a un grupo de migrantes venezolanos hacia El Salvador, donde serían encerrados en la temida cárcel CECOT.

Pero la realidad fue otra. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solo 32 de los 238 deportados tenían antecedentes penales en EE.UU., la mayoría por delitos no violentos como robo en tiendas o infracciones menores. El resto, según analistas, fueron víctimas de una política migratoria impulsada por propaganda y presión electoral.

El Salvador aceptó alojarlos tras un acuerdo económico con Estados Unidos:
Seis millones de dólares por mantenerlos detenidos durante un año. Pero la presión internacional, los reclamos de familiares y la falta de pruebas concretas generaron un giro. A cambio de liberar a los migrantes, el gobierno de Maduro se comprometió a entregar cinco ciudadanos estadounidenses y cinco residentes permanentes que estaban en su poder.

Las imágenes de los migrantes, esposados y rapados, recorrieron el mundo. “Prácticamente fue un secuestro”, denunció Paola Paiva, hermana de Arturo Suárez, un joven cantante acusado sin pruebas de ser parte del Tren de Aragua.